DILEMAS ÉTICOS – Soraya Hernández – Revista Valors – https://valors.org

Las familias de un centro educativo de Barcelona rechazan la instalación muy cerca de un albergue para personas sin hogar y con adicciones a las drogas y al alcohol. ¿Es justa la decisión?

La carencia de recursos sociales adecuados y el colapso del sistema sanitario público ha generado entre los colectivos más vulnerables nuevos obstáculos para la atención de sus necesidades. En el caso de las personas sin apoyo familiar o, incluso, sin hogar ha supuesto un reto para las administraciones. Con el objetivo de ofrecer espacios seguros se han ido creando dispositivos de alojamiento específicos que normalmente han sido temporales. Pero algunos de estos nuevos recursos creados se han querido mantener cuando se han constatado los beneficios para los usuarios atendidos.

Esto ha sucedido en Barcelona, donde se abrió un espacio para personas sin hogar con adicciones que ahora se quiere mantener, cosa que ha provocado la negativa frontal de aquellos que tendrán que ser sus futuros vecinos y vecinas.

El centro se creó en abril de 2020 con la intención de dar respuesta a personas sin hogar a quienes, además de necesitar un espacio donde aislarse durante el confinamiento, les podría hacer falta un seguimiento de su adicción. El Ayuntamiento de Barcelona lo ubicó de manera temporal en el barrio de Les Corts, en la Fundació Pere Tarrés.

A pesar de que se describió como un “albergue”, el dispositivo contaba con profesionales y programas especializados por la salud de los usuarios. Al considerar que se han obtenido resultados óptimos de la experiencia, el consistorio se planteó hacer fijo el espacio. De este modo se quería proteger de la exclusión social las personas sin hogar y con adicciones, puesto que a su situación de alto riesgo social se añaden las consecuencias de la pandemia. Con cuyo objeto se compró un edificio en el barrio de Horta-Guinardó, con la intención de instalar este mismo año y de manera definitiva este servicio.

La noticia despertó la indignación del vecindario que se quejó de no haber recibido suficiente información. El malestar creció y se cristalizó en las movilizaciones de los padres y madres de la escuela Mas Casanovas, puesto que el colegio está a solo quince metros del centro. A pesar de que cerca de la antigua ubicación ya había habido un centro escolar y no se produjeron incidentes de ningún tipo, se ha pedido la paralización del traslado. Se cree que se estarían poniendo en peligro los niños y niñas de la escuela. ¿Es ético usar el riesgo para los niños como justificación para paralizar un proyecto beneficioso para las personas sin hogar?

La idea de que hay que proteger a los niños del contacto con realidades que por su estado madurativo podrían no entender (muerte, adicciones, sexualidad) es un hecho importante para muchas familias e instituciones. También a nivel de imaginario colectivo hay la teoría que relaciona los problemas de salud mental con la agresividad o los conflictos. Por lo tanto, en un intento de preservar los niños y niñas se podría intentar reubicar el centro en un espacio menos próximo a pesar de que esto pueda generar un gasto económico relevante.

Por el contrario, se podría mantener el centro entendiendo que lo más justo socialmente es preservar el beneficio que tiene un colectivo ya de por sí marginado y excluido. Cómo sucede en las deliberaciones éticas también se podría valorar una opción que mantenga el proyecto, pero que incluya un proceso informativo a las familias y una posible mediación o acompañamiento durante la adaptación mutua.

En estas decisiones complejas sería de gran utilidad la transparencia institucional y la posibilidad de contar con profesionales que velen por los procesos y aconsejen con una mirada que tenga en cuenta los valores de todas las personas implicadas.