DILEMAS ÉTICOS – Soraya Hernández – Revista Valors – https://valors.org

Una niña de Girona ha muerto en manos de su madre, que sufría una enfermedad mental. ¿Es estigmatizador hacer un seguimiento de los padres con algún trastorno psiquiátrico si es en beneficio de la protección de los menores?

Los modelos de crianza, el ejercicio de la paternidad y la maternidad y el desarrollo de los niños, más allá de los aspectos biológicos, son definidos en función de unos factores sociales y culturales determinados por cada comunidad. En nuestro contexto, el buen trato a la infancia se garantiza en el núcleo familiar a través de las competencias parentales y en instituciones de ocio, educativas y sanitarias mediante políticas de prevención de la vulnerabilidad o del riesgo social. La protección de los niños depende de cada familia, pero también de los entes públicos que tienen que velar por él respecto a sus derechos y la cobertura de sus necesidades básicas, sobre todo si los padres o madres no pueden o no quieren hacerlo.

No hace mucho nos golpeaba la terrible noticia de la muerte de una niña de diez años en Girona a manos de su madre. La mujer había sufrido algún tipo de trastorno o enfermedad mental que había necesitado tratamiento, control y seguimiento psiquiátrico así como de varios ingresos, el último unos días antes del asesinato. También había tenido un intento de suicidio. El padre vivía cerca de la niña, pero normalmente se hacía cargo de ella la familia materna que había iniciado un proceso de incapacitación. Nunca se habían recibido denuncias por violencia; al contrario, parece que la mujer tenía buen cuidado de la hija. Pero la drogó y posteriormente la ahogó.

Es imposible conocer todos los detalles de este suceso, puesto que la realidad puede estar sesgada entre diferentes versiones o carencia de datos. Habría que saber si había alguna intervención de los servicios sociales o de protección a la infancia, si la incapacitación pedida por la familia incluía la solicitud de custodia de la niña, si realmente había una atención y un cuidado correctos, etc. Cualquier análisis sin conocer la realidad de la mujer y de la familia sería contraproducente. Pero este caso nos permite reflexionar sobre cómo protegemos a los niños, donde ponemos los límites de lo que consideramos maltrato y si los sistemas que tienen que velar por los menores funcionan correctamente.

Cuando hay trastorno mental, ¿existe algún tipo de discapacidad en los cuidadores, hay situaciones que pueden ser de riesgo para los niños… se vela por si posibles factores asociados les pueden influenciar de manera negativa? ¿Quién tendría que determinar el riesgo? ¿Sería discriminatorio, estigmatizador y vejatorio el hecho de querer plantear algún tipo de seguimiento o vigilancia a los padres y madres con trastorno mental o por el bien superior de los menores hay que hacer una prevención activa aunque esto pueda ser perjudicial para los vínculos afectivos?

Cuando un profesional, en la escuela y en el ámbito sanitario o social detecta una posible situación de riesgo, se ponen en marcha protocolos de protección y seguimiento. Hay equipos especializados, como los de atención a la infancia y la adolescencia o los de valoración de los maltratos. Por un lado, a pesar de los circuitos, algunos aspectos de la carencia de protección, de la no cobertura de necesidades básicas o de los maltratos podan no ser visibles y, por lo tanto, difíciles de detectar, determinar o diagnosticar.

Por otro lado, las costumbres culturales específicas de cada familia o comunidad pueden hacer que aquello que es considerado una negligencia no lo sea en otro grupo social: si un niño está bien cuidado –tiene una higiene correcta, una dieta apropiada y va a la escuela– ¿ya no se tiene que pensar en profundizar en lo que supone para él vivir con miedo o incertidumbre, quizás sin entender qué sucede a su alrededor? Por lo tanto, ¿un posible adultocentrismo a nuestra sociedad podría estar haciendo que no se tengan en cuenta situaciones de alta vulnerabilidad? Sea como fuere, la protección de la infancia tendría que ser un objetivo prioritario en todas las agendas políticas.