Posiblemente todo el mundo sabe qué son los impuestos, para qué sirven, qué es el fraude fiscal y qué relación tienen con la solidaridad. Sin embargo, dada la poca responsabilidad que en esta cuestión tienen algunos ciudadanos contribuyentes y la repercusión negativa que esto comporta en la sociedad, me atrevo a aportar los siguientes datos y reflexiones para que pensemos un poco en positivo todos nosotros, a pesar de los desengaños que algunos políticos y otras personas defraudadoras nos puedan producir.

¿Qué son los impuestos?:

Se entiende por impuestos o tributos aquellos ingresos exigidos por el poder fiscal sin ofrecer ninguna contraprestación directa al contribuyente (el IRPF, el Impuesto Sobre Sociedades, el del Patrimonio, el IVA, el IBI, …); y se entiende por tasas aquellos ingresos que sí ofrecen una contraprestación (la recogida de basuras, el registro de una escritura…).

Los impuestos se dividen en directos e indirectos:

Los impuestos directos son los que afectan directamente a una persona o entidad determinada debido a sus posesiones o rentas (el IBI, el Impuesto Sobre el Patrimonio, el IRPF, el Impuesto Sobre Sociedades…) y tienen en cuenta las circunstancias económicas y personales de cada cual a la hora de determinar el importe a pagar, es decir, paga más quien más tiene o más gana.

Los impuestos indirectos son los que graban los gastos y el consumo de las personas o entidades (el IVA, el impuesto sobre el tabaco y la gasolina…). Estos se llaman indirectos porque no afectan de manera directa a los ingresos de un contribuyente sino que recaen sobre el coste de un producto o servicio, incidiendo en su precio final. Todo el mundo paga el mismo porcentaje o importe, sea cual sea su situación económica y personal.

¿Para qué sirven los impuestos?:

Los impuestos tienen como principal objetivo financiar los gastos del estado, las autonomías, los municipios, etc. Sin la recaudación de impuestos estas administraciones públicas no podrían funcionar, puesto que casi no tienen otros recursos.

Entre los gastos de las administraciones públicas se encuentran la construcción de infraestructuras (carreteras, parques, bibliotecas, instalaciones deportivas, escuelas, hospitales…), el mantenimiento de su personal (políticos, administrativos, militares, policías, bomberos, médicos, maestros…), la dotación de los sistemas de protección social (subvención de medicamentos, pago de las prestaciones de paro, invalidez y jubilación…), el pago de los gastos corrientes (luz y calefacción de las escuelas, material médico de los hospitales…), etc.

En algunos casos los impuestos pueden tener como objetivo también un efecto disuasivo en la compra de ciertos productos como el tabaco y el alcohol, o desanimar en el ejercicio de determinadas actividades económicas como la importación desde algunos países, etc.

Hay que tener en cuenta que, aunque muchas de las necesidades que experimentan las personas puedan satisfacerse de manera individual con sus propios recursos, hay otras muchas que sólo es posible atenderlas de una manera colectiva, uniendo recursos mediante la aportación de una parte de los ingresos de cada uno. Esta aportación se realiza básicamente pagando impuestos, con el fin de constituir un fondo común con el que cubrir el coste de los bienes y servicios públicos.

Los impuestos están inspirados en el principio de progresividad, que quiere decir que pagará más quien más tenga o más gane, por eso se dice que los impuestos tienen también una función redistributiva, que quiere decir que los que pueden, aportan lo que otros no pueden aportar. Se aporte mucho o poco, todo el mundo tiene el mismo derecho a beneficiarse de los bienes y servicios públicos, excepto en algunos casos en que sólo se pueden beneficiar los ciudadanos que tienen una capacidad económica inferior (por ejemplo, ciertos servicios sociales, subvenciones, becas…).

A pesar de la casi nula libertad de elección que existe en los impuestos, en el de la renta los contribuyentes pueden escoger si quieren o no que un 0,7% de lo que ellos pagan se destine a la Iglesia Católica, y si otro 0,7% (independiente y compatible con el anterior) quieren o no que se destine a fines sociales (si todo el mundo dijera que sí en la casilla de los fines sociales, se destinarían unos 500 millones de euros más al año, el doble que ahora).

Todos los gastos que soportan las administraciones públicas no siempre son aceptados por todos los contribuyentes, manifestando su desacuerdo e, incluso, llegando a la insumisión fiscal parcial. Por ejemplo, los pacifistas no quieren que con sus impuestos se pague material y personal militar; los católicos conservadores no quieren que con sus impuestos se cubran abortos en la sanidad pública; algunos catalanes que con sus impuestos se paguen corridas de toros y, otros, que se subvencionen entidades como Òmnium Cultural; etc.

Cuestiones, todas ellas, muy difíciles de resolver.

El fraude fiscal:

Actualmente, la economía sumergida (aquella parte de la actividad económica que tendría que pagar impuestos y no los paga) se sitúa entre el 24 y el 28% del PIB español (Producto Interior Bruto, que es el valor de todos los productos y servicios generados en un año en España). Es decir, que se pueden llegar a dejar de ingresar a Hacienda entre 60.000 y 70.000 millones de euros al año por culpa del fraude fiscal (impuestos que entre los particulares y las empresas tendrían que pagar y no pagan).

Esta economía sumergida, actualmente es la que más crece entre los países de nuestro entorno, puesto que en 2006 era del 20% y ahora puede llegar a ser del 28%.

Según los expertos, este hecho es debido a que no se aplican todos los controles necesarios para evitarlo, y a que los españoles somos muy propensos a justificar la economía sumergida cuando nos afecta personalmente, puesto que no la vemos como una estafa contra toda la sociedad, pese a serlo.

Aunque el 44% de la población considera que el fraude fiscal es el segundo mayor problema actual de España, puesto que sabe que la disminución de ingresos por parte de Hacienda representa más recortes a los servicios sociales y gravámenes más altos, una buena parte de esta misma población acepta encantada comprar un producto o servicio sin pagar el IVA cuando se le presenta la ocasión. Lo que quiere decir que, aunque son conscientes del mal que el fraude fiscal hace al país y a su gente, “se olvidan” cuando afecta a su bolsillo.
Si bien es cierto que una buena parte del fraude fiscal se produce en los grandes patrimonios y grandes empresas, porque procuran tributar en “paraísos fiscales” o porque hacen muchas “martingalas” al límite de la legalidad, también lo es que en el mundo de las micro-empresas, autónomos y profesiones liberales, es muy fácil defraudar por los sistemas tributarios que se les aplican.

¿Los impuestos son solidarios?:

Los impuestos y cotizaciones a la seguridad social, a pesar de la mala fama que tienen, son la herramienta más importante que todos los países del mundo tienen para cubrir las necesidades básicas de la población (educación, sanidad, paro, pensiones, seguridad, infraestructuras, etc.).

Debido a su progresión (cuanto más se tiene, más se paga) y discriminación según la riqueza personal (quien más tiene, más paga), en cierto modo también es redistribuidora de la riqueza.

Aunque los impuestos no sean perfectos, como tampoco lo es su desempeño por parte de muchos contribuyentes que intentan defraudar todo lo que pueden, es la única posibilidad firme de dar los servicios básicos a quienes no se los pueden pagar, además de otros muchos servicios de interés general, pagándolos toda la población en función de sus posibilidades económicas.

Esto no lo han conseguido ni las ONGs (que se nutren de aportaciones voluntarias y, por lo tanto, escasas), ni los regímenes político-económicos como el comunismo, ni las religiones con unos principios solidarios como el cristianismo.

La implantación de unos impuestos universales, justos y solidarios, y que toda la gente los aceptara de buen grado, podría ser la mejor herramienta para la solidaridad.